Seis entidades de la Iglesia de Toledo presentan ocho propuestas a los partidos políticos

En materia de familia, la educación, la sanidad y la exclusión social, con medidas que como la elaboración de una Ley de Protección a la Maternidad o el desterrar de las aulas la imposición de la ideología de género.

Seis entidades de Iglesia de Toledo (Cáritas Diocesana de Toledo, la Fundación Centro de Orientación Familiar, el Grupo Polis, el Grupo de Profesionales Sanitarios Cristianos, la Plataforma Libres para Educar a Nuestros Hijos y Acción Católica General) han presentado a los partidos políticos que concurren en las elecciones autonómicas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ocho propuestas, divididas en cuatro bloques relacionados con la familia, la educación, la sanidad y la exclusión social para contribuir al bien común y la justicia social.

Todas las propuestas se realizan desde la Doctrina Social de la Iglesia y el amor a la persona humana, con el aval que se deriva de la propia experiencia en los respectivos ámbitos de trabajo de cada una de las entidades firmantes. En este sentido, tal y como se expresa en el documento, los firmantes están convencidos “de que no se pueden resolver adecuadamente las dificultades sociales, culturales y económicas sin reconocer y defender la verdad y la dignidad auténtica de la persona humana”, y resaltan “que no es posible gobernar acertada y justamente prescindiendo de la fe en Dios”.

En las medidas en materia de familia proponen una Ley de Protección de la Maternidad, con el objetivo de garantizar que toda mujer embarazada disponga de los recursos necesarios para poder seguir adelante con su embarazo y maternidad. En este sentido, se considera necesaria la promulgación de una ley que establezca y dote presupuestariamente programas sociales que garanticen a madres en situación de vulnerabilidad las condiciones adecuadas para vivir plenamente su embarazo y maternidad y para que su hijo tenga una vida digna. Entre las iniciativas que se plantean se encuentran una vivienda adecuada si se carece de ella; educación y formación adaptada a sus necesidades; conciliación efectiva entre la maternidad y las actividades laborales y/o educativas; y el acompañamiento integral para aquellas madres que lo necesiten.

También entienden necesaria una ley de protección integral a la familia, que reconozca el valor de la familia como institución básica y primera sociedad natural, anterior al Estado, con derechos y deberes familiares —no tan solo individuales— apoyando y protegiendo de manera especial a la familia fundada en el matrimonio estable entre un hombre y una mujer y dotando medidas concretas en los siguientes ámbitos, como el acceso a la vivienda a las familias, especialmente a los matrimonios jóvenes, el reconocimiento del trabajo y cuidados familiares en el hogar; o el establecimiento de incentivos reales a las familias (fiscales, de vivienda, becas…), especialmente para las familias numerosas y para las más vulnerables.

En las medidas en materia de educación proponenacciones para garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos en todos los centros educativos, pudiendo elegir estos el modelo de educación integral que desean para sus hijos. En este sentido, entre las propuestas que se plantean se encuentra la adopción de medidas legales concretas que garanticen realmente en la práctica el respeto por parte de las autoridades educativas al carácter e ideario del centro en todas sus actividades; la libre elección por los padres de un centro educativo conforme a sus convicciones; y que la formación que reciben los hijos, con independencia del carácter del centro, nunca entre en conflicto con los valores y creencias de los padres dentro del marco constitucional.

En el área educativa se pide desterrar de las aulas la imposición de la ideología de género, con la prohibición de que se instrumentalicen la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las personas homosexuales como meras excusas para inocular a los niños y adolescentes la ideología de género. En concreto, se solicita suprimir la asignatura denominada Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad, en tanto que sus contenidos y orientación suponen un adoctrinamiento no disimulado en la ideología de género contrario a la libertad de conciencia de los menores y al derecho constitucional de sus padres a que éstos reciban una educación que no entre en contradicción con sus convicciones morales y religiosas.

También plantean que se elimine del sistema educativo la inoculación de un concepto de persona que no se define desde el fundamento de su dignidad intrínseca, sino desde sus opciones, preferencias y gustos afectivos o sexuales (como hace en concreto el apartado 4.2.1 del Protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de género). La no discriminación no obliga a conocer, apreciar o imitar gustos sexuales.

El proteger y defender la vida humana desde la concepción, es una de laspropuestas en el área de sanidad. El objetivo es promover una sociedad que acoja y defienda de modo especial a los más débiles y vulnerables, garantizando que, desde la sanidad pública de Castilla-La Mancha, nunca se busque solucionar un problema, por grave que este sea, causando la muerte de un ser humano, ni mediante el aborto ni mediante la eutanasia. Entre las medidas planteadas está la previsión por ley de la obligación de los centros sanitarios de proponer alternativas dignas ante las dificultades que pudieran surgir durante el embarazo, ya sean debidas a problemas de orden social, económico o por patologías de la madre o el hijo.

Por otra parte se propone el fortalecer una asistencia sanitaria de garantías, con la introducción de garantías legales para el mantenimiento y la mejora de las siguientes dimensiones de la atención sanitaria: La asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios públicos como servicio que se debe conservar, garantizar y facilitar; los cuidados paliativos de los enfermos terminales y crónicos; y el ejercicio de la objeción de conciencia y de ciencia en cuestiones éticas propias de la profesión sanitaria, de forma que ningún profesional sanitario pueda verse coaccionado a participar en un acto contra su conciencia, y que la posibilidad de ser contratado no dependa de su confesionalidad y valores morales.

Las medidas en materia de exclusión social apuntan a la conveniencia de facilitar el acceso a una vivienda digna a personas en situación de exclusión social y de ofrecer soluciones específicas, integrales y coordinadas para acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes y refugiados.

En relación a la necesidad de una vivienda digna se solicita la aprobación de medidas legales que garanticen este derecho de manera efectiva, con el acceso a la vivienda o el realojo mediante planes de intervención y seguimiento que contemplen la implicación de la persona en su propia promoción; así como la erradicación del chabolismo, la infravivienda y la “okupación”.

Y por lo que se refiere a las iniciativas para inmigrantes y refugiados la propuesta está relacionada con la elaboración, en colaboración entre las instituciones públicas y privadas dedicadas a la atención a inmigrantes y refugiados, de un listado de buenas prácticas regionales de integración con medidas concretas y realizables en favor de estas personas, como un programa para el acceso al parque de vivienda pública existente para inmigrantes y refugiados; formación para la inserción laboral y socioeducativa de inmigrantes carentes de permiso de trabajo y un programa de apoyo laboral a mujeres jóvenes inmigrantes en riesgo de prostitución por falta de recursos económicos.